Frente Amplio Florida

En su sesión de hoy, el Secretariado del FA ha analizado los hechos relacionados con el traslado de la Dra. Mariana Mota a un Juzgado de lo Civil y considera necesario formular la siguiente Declaración:

1º) Reclamamos la máxima transparencia. En un estado de derecho, todas las autoridades públicas deben actuar con la máxima transparencia, permitiendo a la ciudadanía conocer los fundamentos de los actos administrativos que dicten para cumplir con su función y asegurar la mejor prestación del servicio a su cargo. Por ello, nunca puede entenderse que los reclamos de transparencia puedan afectar la independencia o la posición institucional de un órgano del Estado. 

2º) Solicitamos que se expliquen los motivos del traslado. Teniendo en cuenta las dudas que hoy existen en la opinión pública, explicitar las razones de servicio en que debería haberse fundado la decisión administrativa de trasladar a la Dra. Mota, contribuiría a descartar toda interpretación que atribuya su traslado a presiones políticas o a razones de otro orden, lesivas para la independencia de los magistrados.

3º) Expresamos nuestra confianza. El Secretariado expresa su confianza en los magistrados uruguayos, que dentro de la Constitución y la ley y con absoluta independencia, han venido investigando y juzgando los gravísimos delitos cometidos durante la dictadura en aplicación del terrorismo de estado.

4º) Rechazamos enérgicamente las declaraciones provenientes de los sectores políticos de oposición que pretenden poner en duda la adhesión de nuestra fuerza política a las instituciones democráticas y a la Constitución de la República.

Nuestro pueblo conoce bien quiénes pagaron el más alto precio, con sacrificio de su vida y su libertad, para defender y recuperar la democracia en este país.

Resulta de una hipocresía lamentable que pretendan presentarse como defensores de la independencia judicial aquellos sectores que aún hoy justifican y defienden la inmoral Ley de Caducidad, declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia y considerada nula por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ley que esos sectores votaron sometiéndose a la más desembozada presión militar.

Montevideo, 18 de febrero de 2013.